No murió un diputado federal cualquiera. Murió Zenyazen Escobar García, una figura de Morena cuya trayectoria política parece el manual de cómo se mezclan el poder público, los negocios privados, las lealtades territoriales, las confrontaciones personales y una larga fila de señalamientos que, durante años, sobrevivieron sin una explicación judicial concluyente.
Su asesinato —un balazo en la cabeza dentro de un Mercedes Benz, en Puente Nacional— cerró de manera violenta una carrera que comenzó en las aulas, pasó por el activismo magisterial y terminó instalada en las altas esferas del poder veracruzano. Pero no cerró las preguntas. Al contrario: las multiplicó.
Porque alrededor de Escobar no sólo queda la imagen de un político de Morena que ascendió rápidamente de diputado local a secretario de Educación de Veracruz y luego a legislador federal. Queda también un rastro de denuncias por presuntos desvíos, contratos bajo sospecha, empresas beneficiadas, trabajadores fallecidos que seguían apareciendo en nómina, negocios ligados al manejo de basura, disputas por el control de Córdoba y episodios personales que nunca terminaron de aclararse.
#cdmx #veracruz #puebla #guadalajara
— Valor Tamaulipeco (@VaxTamaulipas) September 5, 2026
¿BAJARON HOMICIDIOS 51% ?: SHEINBAUM JUEGA a la DESINFORMADA TRAS MUERTE de DIPUTADO FEDERAL, que se SUMA a 14 ALCALDES EJECUTADOS"…el crimen conserva intacta su capacidad de matar. https://t.co/RSiUxbAgvW pic.twitter.com/Jcrhc5mqvs
No se trata de dictar sentencia desde una columna. Se trata de exhibir un patrón: en Veracruz, el poder morenista no siempre se presenta con el discurso de la transformación; a veces se parece demasiado al viejo régimen que prometió sepultar. Cambian los colores, cambian los eslóganes, cambian los rostros en la propaganda, pero permanecen las redes de influencia, el negocio con los recursos públicos, el control de estructuras municipales y la costumbre de que las investigaciones se queden convenientemente a medio camino.
Durante su paso por la Secretaría de Educación de Veracruz, una de las cajas presupuestales más grandes del estado, Escobar quedó rodeado por observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y denuncias por presuntos desvíos. La administración estatal presentó 41 denuncias penales vinculadas con presuntas irregularidades superiores a 1 mil 75 millones de pesos durante su gestión; además, la ASF observó 69.1 millones de pesos de la cuenta pública de 2019 y 62.4 millones de 2021.
También quedaron bajo sospecha contratos por cientos de millones de pesos con empresas consideradas irregulares, así como el caso de al menos 49 personas fallecidas que presuntamente continuaban en la nómina educativa. Si esas acusaciones eran falsas, debieron aclararse con expedientes sólidos y resoluciones públicas. Si eran ciertas, alguien tenía que responder penalmente. Lo que quedó fue el terreno favorito de la impunidad: el escándalo político sin castigo visible.
Y luego está el poder local. La política de Córdoba aparece en este relato no como servicio público, sino como botín: residuos, concesiones, tolvas, alcaldías, tesorerías, tránsito, policía y grupos enfrentados por controlar el aparato municipal. Primero los negocios; luego las candidaturas; después la ruptura. Una secuencia que retrata la degradación de la política cuando el partido deja de ser instrumento de representación y se vuelve franquicia de intereses.
La historia incluye además casos que no deberían desaparecer detrás de la noticia de su muerte. La desaparición de Yenifer Cristina Velázquez López en 2021, las versiones sobre su relación con un alto funcionario y la exigencia de su familia para que se investigara no pueden archivarse en el cajón de “temas incómodos”. Tampoco el caso de Edgar Asurto H. Montiel, ocurrido en 2006, cuyas circunstancias siguieron sin esclarecerse casi dos décadas después. Que no haya una conclusión oficial contra Escobar no elimina la obligación del Estado de explicar qué ocurrió.
Morena llegó al poder prometiendo barrer con la corrupción, desmontar las mafias políticas y terminar con la protección de los intocables. Pero personajes como Escobar obligan a una pregunta brutal: ¿la llamada transformación limpió el sistema o simplemente heredó sus métodos, sus operadores y sus zonas de silencio?
La muerte del diputado federal debe investigarse con rigor, sin especulación y sin convertirlo automáticamente en mártir. Pero la investigación no puede limitarse al gatillo ni al vehículo donde fue encontrado. Debe seguir el dinero, las redes políticas, las denuncias congeladas, las concesiones, los contratos, las estructuras de control territorial y los expedientes que durante años nadie quiso resolver.
Porque un balazo puede silenciar a un político. Lo que no debería silenciar es todo lo que su carrera dejó pendiente de explicar.
Con información: @Redes/
Deja una respuesta