Mientras el crimen organizado se pasea con impunidad por amplias zonas del País —como volvió a exhibirse estos días con el control territorial de Los Ardillos en el centro de Guerrero—, la prioridad de la Secretaría de la Defensa Nacional parece estar en otra trinchera: levantar un megamuseo de mil 658 millones de pesos.

No se trata de una inversión para reforzar la seguridad de comunidades sitiadas, recuperar caminos tomados por grupos armados o proteger a poblaciones que viven bajo el yugo criminal. No. El plan contempla un complejo museístico con dos edificios de hasta tres niveles para exhibir la historia del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional; incluso habrá espacio para presumir aeronaves.

El proyecto se edificará en una zona actualmente cubierta de flora y fauna, donde la última obra relevante fue la Calzada Flotante, construida a finales de 2022 para conectar peatonalmente la Primera y la Segunda Sección. Aquella intervención, por lo menos, tuvo un impacto menor.

Ahora viene un despliegue mucho más pesado de concreto, estacionamientos y edificios, con la venia de una institución que, cuando se trata de explicar su presencia en territorios bajo control criminal, suele tener menos entusiasmo.

Porque el museo no escatimará comodidades: estacionamiento público para 447 automóviles y ocho autobuses, otro espacio privado para seis vehículos oficiales, auditorio para 364 personas, cafetería y tienda de souvenirs. Sí, souvenirs. Mientras pueblos enteros enfrentan extorsiones, desapariciones, desplazamientos y retenes criminales, el Ejército proyecta un sitio donde los visitantes podrán salir con una taza, una gorra o algún recuerdo de la grandeza castrense.

La obra también incluirá el Centro Nacional de Historia Militar, con tres plantas, salas de consulta para 100 personas, el Archivo Histórico de la Defensa, una biblioteca especializada y un taller de digitalización. Habrá además un cuarto edificio destinado a la restauración y al alojamiento de personal militar: espacio para 174 elementos, divididos en 87 hombres y 87 mujeres.

La pregunta resulta inevitable: ¿qué historia militar se busca contar en un museo de mil 658 millones de pesos mientras, afuera de sus vitrinas, el Estado sigue perdiendo territorio frente a organizaciones criminales?

Porque una cosa es preservar archivos, otra muy distinta es convertir la memoria institucional en prioridad presupuestal cuando la seguridad cotidiana de miles de mexicanos sigue siendo una promesa incumplida o…acaso es un infundio ?…le preguntamos a Sinaloa ?.

Con información: REFORMA/

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