Tras las inconsistencias surgidas por el aseguramiento de 59 millones de litros de combustible en San José Iturbide, Guanajuato, el vicecoordinador de Estrategia y Proceso Legislativo de Morena en la Cámara de Diputados,Alfonso Ramírez Cuéllar, planteó perfeccionar la política contra el huachicol.

En castellano llano, Ramírez Cuéllar dice que hay que combatir el huachicol con mejores controles, tecnología y coordinación. El problema es que su llamado llega después de un operativo que, según la información disponible, fue anunciado con épica de “golpe histórico” antes de explicar con precisión qué delito se acreditó, quién lo cometió y con qué pruebas.

Traducción: dicho por dicho

“Tras las inconsistencias surgidas por el aseguramiento…”
Traducción: Después de que a la FGR y a Omar García Harfuch se les desinfló el globo de los 59 millones de litros —porque el “huachicol” resultó más anunciado que demostrado—, Morena descubrió que quizá habría sido útil revisar los papeles antes de colgarse la medalla.

“Planteó perfeccionar la política contra el huachicol.”
Traducción : Propone que la próxima vez no se repita la pifia: primero verificar qué hay, de quién es, bajo qué permiso opera y qué delito existe; después, si acaso, sacar el operativo con sirenas, cámaras y comunicado heroico.

“Las autoridades presentaron el operativo como un decomiso de combustible presuntamente ilícito…”
Traducción: Vendieron la exclusiva como si hubieran encontrado la cueva de Alí Babá del huachicol, pero el detalle incómodo es que “presuntamente” no es una sentencia, ni una prueba, ni permiso para repartir sambenitos. La terminal, según la versión publicada, siguió operando y no hubo detenidos ni una explicación pública concluyente sobre la ilegalidad del producto.

“La empresa… aseguró que la terminal opera legalmente y almacena producto propiedad de terceros.”
Traducción : La empresa respondió: “Oigan, nosotros somos la bodega, no necesariamente el dueño de cada gota”. O sea, pedirle al almacenista los permisos del importador puede ser tan brillante como exigirle al estacionamiento la factura del coche que guarda.

“El caso obliga al Estado mexicano a fortalecer los mecanismos de trazabilidad, supervisión y coordinación institucional.”
Traducción : Ya que nadie se puso de acuerdo sobre quién debía traer qué documento, ni qué autoridad debía revisar qué cosa, urge que el Estado aprenda a leer sus propios expedientes antes de aventar palabras como “huachicol”, “contrabando” y “delincuencia organizada” al micrófono.

“México necesita una política contra el huachicol que sea preventiva, tecnológica y capaz de seguir tanto la ruta del combustible como la ruta de los recursos que genera.”
Traducción : Pongan sistemas que rastreen el combustible y el dinero desde el principio, para que no tengan que llegar después con un cateo, diez tanques, una foto oficial y una sospecha del tamaño de un tráiler, esperando que la opinión pública complete la investigación.

“Se trata de fortalecer al Estado para que pueda actuar con mayor oportunidad y eficacia, siempre con sustento jurídico.”
Traducción : La clave, por si alguien no tomó nota en Guanajuato, es actuar con ley, pruebas y artículos concretos; no con boletines que citan medio librero jurídico, pero olvidan explicar cuál delito ocurrió, quién lo cometió y cómo lo saben.

“La estrategia [se basaría] en prevención tecnológica, coordinación institucional, persecución penal y seguimiento de los bienes y recursos…”
Traducción: Primero, detectar anomalías con datos. Segundo, cruzar información entre autoridades. Tercero, investigar a quien toque con pruebas. Y cuarto, no confundir una diferencia de inventario o una carpeta documental incompleta con la confesión automática de que todos son Al Capone con dispensario de premium.

“La propuesta establece controles volumétricos para comparar entradas, salidas y existencias de combustible.”
Traducción : Que las cuentas cuadren: cuánto entra, cuánto sale y cuánto queda. Una idea revolucionaria en un país donde a veces parece que el control comienza cuando ya llegó la conferencia de prensa.

“Se considera relevante una discrepancia superior a 1.5 por ciento… y de 3 por ciento en gaseosos…”
Traducción : Si falta más combustible del que puede explicarse por mermas técnicas certificadas, que suene la alarma. Pero alarma no significa condena: significa revisar, medir, contrastar documentos y seguir la pista; no ponerse la toga de fiscal, juez y vocero en un mismo boletín.

“Los permisionarios reporten esas diferencias en un máximo de 24 horas hábiles.”
Traducción : Si los números brincan, que nadie se haga pato ni esconda el Excel debajo del escritorio: se reporta rápido, se explica y se verifica.

“Hacienda presente una querella electrónica dentro de las siguientes 48 horas…”
Traducción: Si hay señales serias y documentadas de delito fiscal, Hacienda debe mover el expediente sin dormirse en la burocracia. Pero que la querella se construya con datos, no con la urgencia de rescatar una narrativa mediática que ya se desfondó.

“La información que ya generan las empresas puede convertirse en una herramienta efectiva de prevención.”
Traducción: Los datos ya existen: facturas, permisos, pedimentos, controles volumétricos, bitácoras, contratos y movimientos financieros. El milagro pendiente es que las autoridades los lean, los crucen y entiendan qué le corresponde revisar a cada una antes de catear y pontificar.

“Una diferencia relevante no puede permanecer aislada en un sistema mientras otra autoridad desconoce esa señal de alerta.”
Traducción : Si una dependencia sabe que algo no cuadra y las demás andan en la luna, el problema no es sólo el posible huachicol: también es el Estado jugando a la gallina ciega con información que ya tenía.

“Hay que perseguir no sólo a quienes introducen ilegalmente petrolíferos, sino también a compradores y otras empresas que recurren al mercado negro.”
Traducción : Que se persiga a toda la cadena si hay evidencia: quien importa ilegalmente, quien roba, quien transporta, quien factura de mentiritas y quien compra sabiendo que adquiere producto negro. Pero “si hay evidencia” es la parte que no cabe debajo de la alfombra ni se sustituye con siglas intimidantes.

“La FEMDO atrajo la investigación… para determinar propiedad, operación y trazabilidad financiera y fiscal.”
Traducción : La Fiscalía Especializada entró a revisar de quién es el combustible, cómo llegó, cómo se movió y quién pagó qué. Perfecto: eso es investigar. Lo que no cuadra es haber dejado antes la impresión de que el delito ya estaba resuelto, cuando justamente dicen que apenas están determinando lo esencial. La FGR ha hablado de “posibles irregularidades” y de documentación que considera incompleta, sin precisar públicamente el delito concreto, la prueba específica ni la razón jurídica detallada para involucrar a FEMDO.

El mensaje de fondo

La propuesta de Ramírez Cuéllar puede leerse como una enmienda tardía al desorden de Guanajuato: no basta con encontrar combustible, hacer un cateo o mencionar a la FEMDO para convertir una investigación en caso resuelto.

La trazabilidad sirve justamente para evitar dos extremos igual de malos:

  • Que redes criminales se escondan detrás de papeles simulados, permisos ajenos o cadenas corporativas opacas.
  • Que una empresa, sus directivos, clientes, proveedores o transportistas queden marcados como “huachicoleros” porque una autoridad lanzó una acusación de humo antes de individualizar hechos y responsabilidades.

Con información: ELNORTE/

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