Otra vez, el milagro administrativo mexicano: una funcionaria de la Suprema Corte que, al parecer, encontró la manera de vivir con un pie en la ponencia de un ministro y el otro en los contratos de la Defensa. Nada sospechoso, nada incómodo, nada que una adjudicación directa no pueda barnizar con apariencia de normalidad.
El doble turno de la legalidad
María Margarita Eugenia Ontiveros y Sánchez de la Barquera aparece como Secretaria Auxiliar II en la ponencia del ministro Arístides Guerrero —el célebre “Ministro Chicharrón”— y, simultáneamente, como representante legal de Servicio de Consultoría de Valor Agregado S.C., empresa que obtuvo de la Defensa un contrato por 668 mil 914 pesos para mantener la plataforma digital de la Revista de Sanidad Militar durante 2026.
La cronología, por supuesto, tiene esa impecable estética institucional que tanto tranquiliza al ciudadano: el 22 de octubre de 2025, Defensa solicitó la cotización a Ontiveros como representante de la empresa; el 10 de diciembre notificó la adjudicación; y el 30 de diciembre ella firmó el contrato. Todo mientras seguía integrada a la ponencia de Guerrero, uno de los nueve ministros que llegaron a la nueva Corte el 1 de septiembre de 2025.
La Constitución, ese adorno incómodo
El pequeño detalle es que el artículo 101 constitucional no está escrito para decorar oficinas ni para citarlo únicamente en discursos sobre el Estado de derecho. Establece que las y los funcionarios del Poder Judicial no pueden aceptar ni desempeñar empleos o encargos de la Federación, los estados o particulares. La Ley Orgánica del Poder Judicial replica la prohibición en su artículo 215.
Pero en este país la incompatibilidad parece una cuestión de interpretación creativa: quizá ser funcionaria judicial de tiempo completo y representante legal de una empresa privada contratista de la Defensa no cuenta como “encargo de particular” si se pronuncia muy rápido, se mete en una carpeta administrativa o se bendice con la palabra “servicio”.
La Constitución dice una cosa; la práctica parece responder: “sí, pero ¿ya revisaron que el contrato tenía firma, domicilio fiscal y número de expediente?”.
El contrato: directo, oportuno y conveniente
La contratación fue por adjudicación directa electrónica nacional. Es decir, el método predilecto de la burocracia cuando la competencia, la transparencia y el escrutinio público son molestias prescindibles. El objeto contratado: mantenimiento de una plataforma digital. El monto: 668 mil 914 pesos. La vigencia: todo 2026.
No se trata de una sospecha construida con humo. Hay documentos oficiales, un contrato identificado como D.G. ADMON. SAIT-4/P/26, una representante legal identificable y un cargo judicial visible en el directorio de la Corte, según la investigación de EMEEQUIS.
Prestaciones de lujo, compatibilidades flexibles
Como Secretaria Auxiliar II, Ontiveros tiene un sueldo mensual bruto reportado de 84 mil 781 pesos, además de prestaciones que incluyen primas, seguros, apoyos y un aguinaldo de 40 días de sueldo básico bruto. Nada despreciable para quien, además, puede representar a una empresa privada que cobra contratos federales.
Mientras la mayoría de los trabajadores mexicanos recibe el mínimo legal de 15 días de aguinaldo y pelea por conservar su empleo, en las alturas del aparato público parece existir un régimen laboral de realismo mágico: se sirve a la Corte, se representa a una firma privada y se contrata con Defensa. Todo en el mismo menú institucional.
El crimen perfecto
Eso es lo verdaderamente obsceno: no hace falta ocultar demasiado cuando la información está dispersa en registros públicos, contratos oficiales y directorios institucionales. La fórmula del crimen perfecto no consiste en borrar las huellas; consiste en dejarlas a plena vista, apostando a que nadie se tomará la molestia de unir los puntos.
#cdmx #tampico #veracruz #guadalajara
— Valor Tamaulipeco (@VaxTamaulipas) September 22, 2026
LA “MARINA CONTRATÓ en el PUERTO del HUACHICOL TAMAULIPECO a INTERMEDIARIO de SOBORNOS”…»con dinero baila el perro y sin dinero bailas como perro». https://t.co/bwjczVfv1Y pic.twitter.com/P72ku7u7yy
Y así, mientras desde el poder se predica austeridad, combate a la corrupción y renovación de la justicia, una integrante de la ponencia del “Ministro Chicharrón” aparece también como representante de una contratista de la Defensa. La pregunta no es si el sistema tiene grietas. La pregunta es cuántas adjudicaciones directas, compatibilidades imposibles y silencios administrativos caben todavía en una Corte que prometió ser distinta.
Con información: EMEEQUIS/
Deja un comentario: