La frontera de Tamaulipas,aun bajo la gestión de Morena y el multiseñalado Americo Villarreal, volvió a calentarse, pero esta vez el ruido no viene solo de los disparos: también lo ponen los discursos, las amenazas y la diplomacia con casco. Estados Unidos reporta un ataque contra su Guardia Costera; Claudia Sheinbaum pide pruebas, y México despliega 500 elementos del Ejército y la Guardia Nacional. El episodio sigue bajo disputa, pero la movilización ya incluye helicópteros, drones y equipos antidron. Para eso sí hubo certeza y presupuesto.

Según la versión estadounidense recogida en la información proporcionada, el intercambio de disparos ocurrió el 26 de septiembre en el río Bravo, cerca de Garceño, Texas, frente a Camargo, Tamaulipas.

Presuntos hombres armados habrían disparado desde el lado mexicano contra los guardacostas. No se reportaron muertos ni heridos, pero el incidente bastó para poner otra vez sobre la mesa el reclamo de Washington: seguridad fronteriza, organizaciones “terroristas” y advertencias de que, si México no hace lo suficiente, el vecino podría encargarse.

Sheinbaum, por lo pronto, apelo a su estrategia favorita, negar: “Nosotros hemos pedido evidencias de que esto fue así, porque no tenemos evidencia”, declaró ayer lunes.

El embajador Ronald Johnson, en cambio, ya celebraba el refuerzo mexicano y anunciaba patrullajes a ambos lados del río para atender amenazas de criminales o terroristas. La Sedena presentó la respuesta como Operación Concurrente, con 500 efectivos, helicópteros UH-60, drones e inhibidores. La cooperación viene equipada; lo que sigue pendiente, según lo expresado por la presidenta, es la evidencia del episodio que encendió la alarma.

Y todo ocurre en la frontera chica, una región donde los grupos criminales han provocado el éxodo masivo e intermitente y no necesitan una presentación de PowerPoint para demostrar su presencia.

La información advierte una frontera chica en manos de criminales en municipios como Nueva Ciudad Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo y Ciudad Díaz Ordaz.

La zona carga, además, con el llamado caso Camargo: el asesinato de 19 personas en enero de 2021, la mayoría migrantes. La investigación y el juicio documentaron acusaciones contra policías estatales por perseguir vehículos, disparar contra sus ocupantes y quemar los cuerpos.

Una precisión incómoda: el lugar de la matanza estaba en el municipio de Díaz Ordaz, aunque el crimen quedó identificado públicamente con el nombre de Camargo. Allí la violencia no solo ha llevado uniforme de sicario; también ha sido atribuida a quienes debían impedirla.

Con información: DIARIO ESPAÑOL/EL PAIS/PABLO FERRI/

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