En Tamaulipas, Jesús Eduardo Govea Orozco parece haber encontrado una manera comodísima de rendir cuentas: sacar un porcentaje, acomodarlo frente al micrófono y esperar que nadie de la prensa oficia_lista pregunte qué demonios está contando.

El fiscal informó que, entre enero y octubre de 2026, se registraron cerca de 170 privaciones ilegales de la libertad y presumió una recuperación con vida de entre el 65 y el 70 por ciento. Aseguró que el delito va a la baja, aunque las cifras de espanto lo contradigan: Tamaulipas ocupa el primer lugar nacional en desapariciones con ya mas de 14 mil víctimas, bajo sospecha colectiva que sea el doble y tiene 11 ciudades entre las 100 donde la desaparición se ha convertido en deporte de cárteles y gobierno.

Un antecedente que no se borra con desdén

Govea no llegó al cargo con una biografía que permita despachar las preguntas mediante un ademán de superioridad.

En Valor Tamaulipeco reprodujimos un reportaje atribuido a Fátima Monterrosa, de NMás Noticias de Televisa, que refiere su detención y reclusión durante siete meses en el penal federal de Almoloya, en 2002, dentro de la investigación por la presunta sustitución de Rogelio González Pizaña, “El Kelín”, operador de Osiel Cardenas,por otro detenido,

El antecedente debe nombrarse con precisión,una y otra vez, porque quien encabeza una fiscalía, debería explicar documentalmente un episodio de semejante gravedad com una obligación elemental, no una cortesía que concede cuando le acomoda.

El sillón de fiscal no viene con corrector líquido para la hemeroteca.

El truco: localizar personas no equivale a resolver delitos

La declaración recogida por Hoy Tamaulipas habla de “cerca de 170” casos y de personas recuperadas con vida “hasta en un 70 por ciento”. Sin embargo, en esa entrevista no aparece el número exacto de víctimas, la metodología del cálculo, el desglose de los casos ni los resultados penales correspondientes.

No basta con decir “vamos mejor” desde una institución cuya tarea consiste, precisamente, en probar lo que sostiene.

Reynosa, Nuevo Laredo y Matamoros: el territorio no cabe en su porcentaje

El informe de Red Lupa publicado el 24 de agosto de 2026, elaborado con información del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, ubica a Reynosa en el segundo lugar de su clasificación de municipios con más personas desaparecidas acumuladas, con 2,903 casos; a Nuevo Laredo en tercero, con 2,764; y a Matamoros en cuarto, con 2,505. Tamaulipas tiene 11 municipios dentro de los cien del listado.

Lo que intenta Govea es utilizar un recorte como retrato tranquilizador de Tamaulipas. Una cosa es informar sobre un conjunto delimitado de investigaciones; otra, venderlo como comprobante de que la crisis está bajo control en la entidad campeona del «levanton nacional».

El fiscal puede escoger el encuadre de su entrevista. No puede exigir que la realidad se salga de la fotografía.

El INEGI cuenta pendientes; el fiscal reparte certificados verbales

El Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal y Estatal 2026 del INEGI deja muy mal parado al Fiscal de Tamaulipas.

Unxa Fiscalía que funciona como una fábrica de comprobantes de recepción: entra una denuncia, sale una carpeta y luego se pretende que el membrete haga el trabajo de los investigadores que exhibe un brutal rezago traducido a impunidad, casi inmunidad.

Extorsión: que no lleguen las denuncias no vuelve inocente al territorio

En la misma entrevista, Govea, intentando verse bien en vez de hacerlo bien, contradijo a la cónsul de Matamoros, que recientemente participó en Reynosa en un pacto contra la extorsión, donde no estuvo presente el gobernador, tal vez porque es quien abraza a extorsionadores.

Govea señala no tener conocimiento de denuncias de empresas estadounidenses por extorsión. También afirmó que la investigación sobre el incidente en las instalaciones de PepsiCo en Matamoros permitió descartar, “a grado de certeza”, un ataque, amago o cumplimiento de amenazas de la delincuencia organizada.

No expuso los elementos periciales o ministeriales que sostendrían esa conclusión, pese a que antes reconoció que el incendio fue provocado, como publicó NMAS+ Noticias. Aun así, insistió en la defensa del cártel.

La diferencia importa: el fiscal puede informar que no conoce determinadas denuncias; no puede convertir esa ausencia de conocimiento en demostración pública de que el problema no existe en una entidad con un porcentaje aberrante de «cifra negra».

La expresión “a grado de certeza” no sustituye esa explicación. La certeza no se vuelve pública porque el funcionario la pronuncie con voz de sentencia y afirme que no hay pruebas: conforme al principio de valoración probatoria invocado, la ausencia de pruebas no equivale a una prueba de ausencia.

La ONU no está calificando su conferencia de prensa

El contexto internacional vuelve todavía más insuficiente el discurso complaciente. El 2 de abril de 2026, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU anunció su decisión de llevar urgentemente la situación de México a consideración de la Asamblea General, mediante el procedimiento del artículo 34 de la Convención.

Ese mecanismo se refiere a información con indicios bien fundados de desapariciones forzadas practicadas de manera generalizada o sistemática.

El 20 de octubre, según la cobertura de su presentación ante Naciones Unidas, el presidente del Comité, Juan Pablo Albán, expuso que existen bases bien fundadas para considerar que se han cometido desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad en el país.

Tamaulipas no necesita un fiscal que domine el arte de salir bien en la nota mientras las preguntas siguen sin localizarse. Necesita uno que pueda enseñar el expediente detrás del discurso. Y hasta ahora, en esta entrevista, Govea puso el porcentaje; las explicaciones las dejó pendientes.

Con información: HoyTamaulipas/ Medios/ Redes

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