A Gerardo Sánchez Zumaya se le enfrió algo más que la candidatura. El empresario que aspiraba a gobernar San Luis Potosí por Morena-PT terminó con las cuentas congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y fuera del país, según reveló Alberto Anaya, dirigente nacional del Partido del Trabajo.

El líder petista salió en su defensa: acusó a la UIF de obligarlo a abandonar sus aspiraciones políticas y aseguró que está en el extranjero como un perseguido político. La explicación partidista ya está servida; lo que sigue pendiente de aclararse es el entramado empresarial y financiero que rodea al excandidato en potencia.

Mientras Anaya pone el argumento político, personas físicas y morales de la red del empresario potosino comenzaron a promover amparos contra el bloqueo de sus cuentas. Según los registros oficiales citados en la información, ya hay demandas de dos empresas vinculadas con Sánchez Zumaya y de seis involucrados en una presunta red de factureros señalados por sus vínculos con el senador morenista Adán Augusto López.

De 50 mil pesos a un cheque de 400 millones

Entre las empresas está Grupo Mineral & Logistic (GML), que promovió un amparo contra la UIF el pasado 2 de octubre.

La compañía fue constituida en 2014 con un capital de 50 mil pesos. En diciembre de 2025, sin embargo, exhibió un cheque por 400 millones de pesos para elevar su capital social. Un estirón financiero que merece bastante más que una felicitación del contador.

La operación se formalizó ante el notario público número 4 de Tabasco, Manuel Alejandro Cachón, señalado por sus vínculos con Adán Augusto López y con su exsecretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena, identificado en la información como líder de La Barredora.

Unos días después, GML comenzó a recibir contratos de Pemex. Primero el cheque millonario; después, los contratos petroleros. La secuencia no demuestra por sí sola una irregularidad, pero sí exige explicaciones.

Facturas, petróleo y un testigo de la FGR

El expediente descrito no termina ahí: en 2025, el Instituto Mexicano del Petróleo y Pemex pagaron facturas por más de 2 mil 800 millones de pesos a otras tres empresas señaladas como fantasmas y ligadas a Sánchez Zumaya.

En esa red operó Héctor Manuel Portales Ávila, familiar del empresario y hoy testigo de la Fiscalía General de la República en la acusación contra Roberto Blanco Cantú, “El Señor de los Buques”.

Portales ha declarado ante la FGR sobre presuntos acuerdos de Blanco Cantú con el crimen organizado y autoridades, así como sobre pagos de sobornos para operar el huachicol fiscal.

Así que, detrás del aspirante que Anaya presenta como víctima de persecución política, también hay cuentas bloqueadas, amparos, contratos petroleros y señalamientos sobre una red de facturación. La etiqueta de “perseguido político” sirve para el discurso; para aclarar el dinero hacen falta documentos, investigaciones y resoluciones, no una conferencia de partido.

Con información: ELNORTE/

Tu comentario es valioso:

Descubre más desde ValorTamaulipeco

Suscríbete ahora para seguir leyendo y obtener acceso al archivo completo.

Seguir leyendo