Hay una ironía incómoda en este pleito mas politico que jurídico: a juzgar por la carta y las declaraciones aquí citadas, el hombre que escribe desde prisión parece mostrar más mesura que quienes hablan desde el poder. César Jáuregui no necesita ser inocente por decreto para que su reclamo merezca atención. Tampoco María Eugenia Campos tiene la razón por el simple hecho de ser gobernadora, ni las acusaciones de la FGR y la Presidenta Sheinbaum se convierten en sentencia porque lleven membrete oficial.

La diferencia está en el tono y, sobre todo, en lo que cada quien pone sobre la mesa. Mientras Campos anuncia que no defenderá a nadie y ofrece colaborar con la Federación, su exfiscal pide algo bastante menos escandaloso: debido proceso. No exige, al menos en los fragmentos de la misiva reproducidos, que lo absuelvan por panista ni que le abran la puerta por haber sido funcionario. Pide que lo juzguen conforme a la ley. Vaya insolencia.

El «Yo con Maru» no incluía reciprocidad

Jáuregui le recuerda a la gobernadora un episodio que hoy resulta particularmente incómodo: cuando a ella le tocó enfrentar el vendaval político por el operativo en el que participaron agentes de la CIA, él salió a defenderla. Marchó, se pronunció públicamente y mantuvo en sus redes la imagen de la campaña #YoConMaru.

Ahora descubre que aquel «yo contigo» no necesariamente incluía un «tú conmigo».

Eso no obliga a Campos a encubrirlo, por supuesto. La lealtad política no debe convertirse en una asociación de protección mutua. Si tiene información sobre posibles delitos, corresponde entregarla a las autoridades. Pero una cosa es colaborar con una investigación y otra contribuir a la condena pública de un excolaborador mientras los tribunales todavía tienen que resolver.

Y hay una pregunta que el discurso de deslinde no consigue borrar: si existieron las irregularidades que ahora señala, ¿cuándo las conoció la gobernadora y qué hizo al respecto? La pregunta no demuestra responsabilidad alguna; exige una explicación. Gobernar también implica rendir cuentas, no solamente identificar al subordinado del que conviene tomar distancia.

Reconocer fallas no equivale a confesar delitos

La carta tiene otro elemento que la vuelve, en apariencia, más franca que un comunicado de control de daños: Jáuregui reconoce que hubo fallas al comunicar lo ocurrido, aunque sostiene que no todo dependía de él.

Esa admisión no acredita su inocencia, pero tampoco constituye una confesión penal. Entre una falla de comunicación, una responsabilidad administrativa y el delito de traición a la patria hay diferencias que no pueden despacharse con una conferencia de prensa.

También merece escrutinio su afirmación de que «lo volvería a hacer». La frase no lo exonera ni basta, por sí sola, para acreditar los delitos que se le atribuyen. Obliga a precisar qué actuación reivindica, qué decisiones tomó y con qué atribuciones. Ahí hacen falta pruebas, no concursos de indignación.

La FGR tendrá que sostener sus imputaciones con hechos y elementos verificables. La gravedad del nombre de un delito no reemplaza la obligación de demostrarlo.

Ni mártir automático ni culpable por conveniencia

Jáuregui vincula su detención con el momento en que buscaba la candidatura panista a la Presidencia Municipal de Chihuahua y en su exigencia pide que el PAN vigile el proceso sin pedir privilegios. Defender la presunción de inocencia no es absolver a un compañero; es impedir que la conveniencia política sustituya a la justicia.

Por eso la carta parece más centrada que el estruendo que la rodea: reconoce fallas, rechaza las imputaciones y pide garantías procesales sin responder, en los pasajes citados, con una descarga de insultos.

A veces el poder produce estas estampas: el preso pide que se respeten las reglas y quienes deberían garantizarlas parecen más ocupados en dejar constancia de que ya no lo conocen.

Con información: ELNORTE/

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