En la banqueta se dice sin rodeos: cuando lo que entra no alcanza para lo que se gasta, hay que pedir prestado. Y el préstamo no se convierte en ingreso propio nomás porque lo autorice una mayoría levantando la mano.

Ese es el fondo del paquete fiscal para 2027 que Morena empujó en el Senado y aprobó en lo general en poco más de cuatro horas: una autorización de endeudamiento interno por hasta 1.7 billones de pesos. Detrás del pleito de tribuna aparece una pregunta bastante menos cómoda que cualquier consigna: ¿cuánto del funcionamiento del Gobierno necesita financiarse con dinero que después habrá que devolver?

La palabra clave es dependencia. No hace falta decretar que México está quebrado —como advierte la oposición— para señalar que el presupuesto sigue necesitando crédito. Pero tampoco basta con que el oficialismo denuncie mentiras para explicar cómo piensa reducir esa necesidad. En el Senado, Manuel Huerta Ladrón de Guevara rechazó las acusaciones sobre el endeudamiento; la discusión de fondo, sin embargo, no se resuelve con un desmentido desde el micrófono.

La bronca no es pedir prestado: es para qué y con qué pagar

Guadalupe Murguía, del PAN, sostuvo que el Gobierno necesita contratar deuda para cubrir la diferencia entre ingresos y gastos, incluidos los intereses de créditos anteriores. También aseguró que, por quinto año consecutivo, el costo financiero superaría la inversión física productiva, que situó en 1.02 billones de pesos. Son señalamientos de una legisladora opositora y deben presentarse como tales, no como una auditoría independiente.

Aun con esa precisión, el contraste merece atención: el cuestionamiento no es solamente cuánto se debe, sino cuánto cuesta cargar con lo que ya se debe y qué espacio queda para construir algo nuevo.

Dicho a ras de calle: una cosa es pedir dinero para poner un negocio; otra, necesitar financiamiento mientras los intereses se comen la capacidad de arreglar el local. La comparación sirve para entender el problema, no para fingir que un país funciona exactamente como una familia.

También hay que quitarle espuma al discurso opositor: que el monto de nueva deuda se parezca al de los intereses no demuestra, por sí solo, que cada peso prestado vaya directamente a pagarlos. Esa afirmación exige revisar las cuentas completas. La denuncia de Murguía plantea ese problema, pero no sustituye su comprobación.

A unos, estímulos; a otros, un cobro mayor

De último momento, el oficialismo introdujo una reserva para incorporar incentivos fiscales a la industria automotriz, en un entorno de aranceles, y a las gasolineras. La modificación obligaría a devolver la Ley de Ingresos a la Cámara de Diputados. El reporte de la sesión no detalla el costo de esos beneficios: sin ese dato, falta una pieza para evaluar a quién se alivia y cuánto deja de recaudar el Gobierno.

En el otro extremo está el Derecho de No Residente: el cobro pasaría de 983 a 1,158 pesos. Son 175 pesos adicionales, alrededor de 17.8% más. Hasta Jorge Carlos Ramírez Marín, del Verde, pidió mantenerlo sin cambios.

Mayuli Latifa llevó 20 kilos de sargazo a la tribuna para denunciar las dificultades de Quintana Roo y rechazar el aumento. La escenografía llamó la atención; la pregunta económica es menos vistosa: qué justifica cobrar más al visitante y qué efectos podría tener sobre la actividad turística. El perjuicio no puede darse por demostrado únicamente con el discurso de una senadora.

Ni porra oficial ni certificado de defunción

Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, resumió otra objeción: volver a apretar a quienes ya pagan impuestos. El PAN, por su parte, exhibió cartulinas que comparaban una deuda de 10.55 billones con otra de 21.66 billones para 2026. Pero una pancarta no explica por sí sola los periodos, la inflación ni la comparabilidad de los montos. Sirve para la fotografía; no alcanza como diagnóstico.

Lo que este paquete deja sobre la mesa es suficientemente serio sin cargarle adjetivos de más: nueva autorización de deuda, cuestionamientos sobre el peso de los intereses, aumentos en determinados cobros y beneficios fiscales para sectores específicos.

La exigencia, sin filias ni fobias, tendría que ser elemental: que el Gobierno explique cuánto necesita pedir, cuánto cuesta lo que ya pidió y cómo evitará que el crédito siga siendo la muleta del presupuesto. Porque aprobar la cuenta no es lo mismo que tener con qué pagarla.

Con información: ELNORTE/

Tu comentario es valioso: