Pavel Jarero no se arrepiente. El senador de Morena que impulsó la reforma para que Guadalupe Taddei nombrara directamente a directivos del Instituto Nacional Electoral mantiene intacta su fe en la fórmula: si la presidenta no consigue los votos del Consejo General, se le quita al Consejo la facultad de votar. La construcción de acuerdos, al parecer, era un trámite demasiado incómodo.

Ante los cuestionamientos por presuntos escándalos de corrupción dentro del organismo, el legislador defendió la concentración de atribuciones con una palabra de apariencia inofensiva: facilitar. Facilitar los nombramientos, facilitar la integración del equipo y, desde luego, facilitar que la Presidencia dejara de depender de una mayoría que no lograba reunir.

“Bueno, mira, lo que hay que decir es que lo que se busca es que no hubiera controversias al interior y darle esa atribución a quien presida el órgano electoral. Y simple y sencillamente hay que decir que esa ha sido la idea principal, facilitar”, afirmó.

La solución legislativa tuvo esa delicadeza: para que no hubiera controversias entre consejeros, se retiró al órgano colegiado la facultad de aprobar esos nombramientos. No resolvieron el desacuerdo; hicieron innecesario el acuerdo.

La reforma es suya; las explicaciones, de otros

Jarero presentó la propuesta para quitar al Consejo General la aprobación de los nombramientos de directores ejecutivos y titulares de unidades técnicas. Ahora, frente a las posibles irregularidades, sostiene que corresponde investigar, auditar y, si existen elementos, sancionar.

“Y en el caso concreto de lo que está ocurriendo, pues se tiene que investigar, se tiene que realizar las auditorías que se tengan que realizar y sancionar si así se tiene que hacer”, expresó.

Investigar las presuntas irregularidades es indispensable. Lo que esa respuesta no despeja es el cuestionamiento sobre el diseño que promovió: si fue conveniente sustituir una decisión colegiada por la atribución directa de una sola persona. Jarero responde sobre las eventuales responsabilidades de los funcionarios; sobre su decisión legislativa, no concede un milímetro.

Cuando se le preguntó si no habría sido preferible conservar la colegialidad, volvió al mismo argumento, ya convenientemente convertido en estribillo: que quien presida el INE pueda integrar su equipo.

“Pues mira, el tema es simple y sencillamente que quien presida el órgano tenga la posibilidad de integrar a su equipo de colaboradores. Esa es nuestra función como legisladores. Y ya dentro del órgano existen otras instancias que tienen que hacer la parte que les corresponde”, respondió.

Su función, según esa explicación, termina donde empieza la de otros: los legisladores conceden la atribución; las instancias internas revisan después cómo se ejerció. La pregunta sobre la pertinencia de retirar el contrapeso puede esperar sentada.

“Pero el origen de la propuesta es muy sencillo, evitar la confrontación interna porque evidentemente que hay una serie de intereses y lo vimos previo a la discusión de la propuesta que nosotros presentamos”.

En esa lógica, la confrontación no se supera mediante acuerdos: se evita retirando a una de las partes la facultad de decidir. Una manera bastante expeditiva de alcanzar la concordia.

Ocho votos eran demasiada molestia

En octubre de 2024, Morena aprovechó la discusión de las leyes secundarias de la reforma judicial para modificar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y permitir que Taddei designara directamente a directores ejecutivos y titulares de unidades técnicas del INE.

Hasta entonces, esos nombramientos necesitaban el respaldo de al menos ocho de los 11 integrantes del Consejo General. Taddei no había conseguido esa mayoría para diversas designaciones y, después de año y medio al frente del Instituto, 10 de las 17 posiciones directivas estaban ocupadas por encargados de despacho.

Había, pues, una dificultad concreta: la presidenta no reunía los votos. La respuesta de Jarero, presentada de último momento, no consistió en exigir mejores acuerdos, sino en modificar la ley para que esos votos dejaran de hacer falta.

Para justificarlo, el senador redujo la importancia de los cargos involucrados: eran, dijo, “funcionarios menores”, de áreas “de carácter más administrativo y de carácter menor”. La designación de la Secretaría Ejecutiva, aclaró entonces, seguiría requiriendo ocho votos.

“El tema de los directores, pues prácticamente se trata de funcionarios menores. Se mantiene que el titular de la Secretaría sea propuesta, sólo son otras áreas de carácter más administrativo y de carácter menor”, justificó.

Menores para defender la reforma; suficientemente relevantes para que hoy se pregunte por las consecuencias de haber cambiado el procedimiento de sus nombramientos.

Arrepentirse, ni por equivocación

La pregunta final fue directa: ¿se arrepentía de haber promovido la modificación?

“No, no, porque cada uno de nosotros tenemos que hacernos responsables de nuestra conducción. Y si hay que revisar, auditar y sancionar, pues se tiene que revisar, auditar y si hay elementos, sancionar a quien haya incurrido en alguna desviación”, sostuvo.

Con información: ELNORTE/

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