ValorTamaulipeco

“MÍRENLO BIEN, NO VALE SEIS VIDAS y 75 MILLONES: el NOMBRE de una NIÑA con TODA la VIDA por DELANTE y 5 MUERTOS MÁS NO caben en la PALABRA ÉXITO”… rechazamos la victoria cobrada a inocentes.

Seis personas muertas no caben debajo de la palabra “éxito”. Tampoco desaparecen detrás de un detenido esposado, dos uniformados y un boletín perfumado con “trabajos de inteligencia” que no requerían inteligencia. Americo Villarreal,por desgracia aun gobernador de Morena en Tamaulipas y aliado de la facción criminal del Cartel del Golfo en Matamoros,confirmó ayer seis civiles…

ValorTamaulipeco
8–11 minutos

Seis personas muertas no caben debajo de la palabra “éxito”. Tampoco desaparecen detrás de un detenido esposado, dos uniformados y un boletín perfumado con “trabajos de inteligencia” que no requerían inteligencia.

Americo Villarreal,por desgracia aun gobernador de Morena en Tamaulipas y aliado de la facción criminal del Cartel del Golfo en Matamoros,confirmó ayer seis civiles fallecidos.

Entre las víctimas de la violencia posterior a la captura de Axel Alfredo Cárdenas Rodríguez se encontraba una niña de siete años. El detenido es hijo del capo Alfredo Cárdenas Martínez, alias “El Contador”. Un militante de facto de Morena y aliado del alcalde Alberto «Beto» Granados.

Esa es la cuenta que debe ponerse junto a la fotografía oficial, no esconderse detrás de ella.

Porque detener a un presunto delincuente al que ya detuvieron antes y dejaron libre, es una obligación del Estado. Conseguirlo sin convertir a los ciudadanos en blancos, rehenes o pasajeros rumbo a una barricada incendiada también lo es.

Y esa segunda obligación no puede tratarse como un detalle que se resuelve después, cuando ya terminaron las balaceras y comenzaron los funerales.

Axel Cárdenas no vale seis vidas. Ni aunque lo presenten como “segundo al mando” de Los Ciclones o Los Escorpiones , ni aunque le engorden el expediente publicitario hasta convertir su captura en la hazaña del sexenio. La jerarquía que le atribuyen las autoridades puede explicar el interés en detenerlo; no constituye una licencia para aceptar cualquier costo humano.

UNA NIÑA NO ES EL PIE DE PÁGINA DEL OPERATIVO

Entre los hechos más graves ocurridos el pasado jueves,está la muerte de una niña que viajaba con familiares. Sus allegados denunciaron que los disparos provinieron de un helicóptero de las mismas fuerzas de seguridad que deberían protegerlos.

Si se confirma, como sugieren los indicios balísticos y los impactos en el techo de la camioneta, que el disparo provino de un arma oficial, no estaremos frente a una fatalidad sin dueño: estaremos frente a una muerte causada por quienes tenían el deber de proteger la vida, no de arrebatarla.

A su familia no se le debe pedir que encuentre consuelo en la importancia del detenido. Una niña no vale menos porque un sospechoso tenga apellido conocido y siga siendo protegido su clan por la policia y el gobierno estatal y municipal.

Su vida no puede convertirse en el renglón incómodo de una presentación de resultados.

La infancia no es material sacrificable para que Omar García Harfuch salga a presumir en sus redes que “se cumplió el objetivo” y luego, cuando toca dar la cara, guarde silencio, como acostumbra.

LA LEY NO PONE LA FOTOGRAFÍA POR ENCIMA DE LOS CIUDADANOS

No hace falta inventar una doctrina humanitaria para cuestionar la operación. Basta leer la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza.

Su artículo 23 establece:

“Durante una detención, se debe garantizar la seguridad de las personas no involucradas, la de los agentes y la del sujeto de la detención, en ese orden”. …LSN

En ese orden. Primero quienes no tienen nada que ver.

Además, el artículo 4 obliga a planificar los operativos para reducir al mínimo los daños y establece el principio de oportunidad: evitar actuaciones innecesarias cuando exista peligro evidente para personas ajenas a los hechos y procurar el momento y el lugar que reduzcan al máximo las afectaciones a la vida, la integridad y los bienes. El artículo 30 exige evaluar riesgos, considerar la capacidad de respuesta del objetivo y determinar rutas para poner a salvo a terceros.

La ley no ordena dejar libres a los delincuentes ni suspender toda acción ante una amenaza criminal. Ordena algo bastante menos cómodo para los responsables de la estrategia: proteger. Elegir medios, tiempos y condiciones compatibles con esa obligación; anticipar la resistencia y no confundir la captura con el cumplimiento íntegro de la misión.

Por eso, seis muertos no constituyen por sí solos una sentencia judicial contra todos los participantes del operativo, pero sí una razón ineludible para revisar su planeación, ejecución y respuesta a la violencia. ¿Qué riesgos se identificaron? ¿Qué protección se dispuso para las familias? ¿Qué medidas se activaron antes de que las carreteras se convirtieran en trampas?

La autoridad debe responder con registros y decisiones verificables, no con adjetivos triunfales.

LOS CRIMINALES ENCENDIERON LOS BLOQUEOS; EL ESTADO DEBE EXPLICAR LA DESPROTECCIÓN

Quienes robaron vehículos, incendiaron unidades y bloquearon caminos se les debe responsabilizar por estos actos. La violencia posterior a la captura dejó personas atrapadas en una emergencia que incluyó choques contra vehículos utilizados en los bloqueos, además de la muerte de la menor por disparo. El terror fue una decisión criminal, no un fenómeno natural.

Pero precisamente porque se enfrenta a organizaciones capaces de responder de esa manera, una estrategia seria debe contemplar esa capacidad de reacción. La ley exige considerar la respuesta del objetivo y preparar medidas para proteger a terceros. Anunciar que se capturó a un mando no responde, por sí mismo, cómo se protegió a la población que quedó alrededor.

El cártel no puede tener derecho de veto sobre las detenciones. Tampoco el gobierno puede adjudicarse un cheque en blanco sobre la seguridad de los habitantes.

Entre rendirse ante los criminales y operar como si la ciudad estuviera vacía existe una obligación profesional: hacer las cosas con inteligencia suficiente para cuidar a quienes no participan en la confrontación.

Porque la inteligencia que sirve para encontrar a un sospechoso, pero no se traduce en protección para los ciudadanos, merece algo más que aplausos automáticos. Merece preguntas incómodas.

YA LO HABÍAN DETENIDO: LA CAPTURA TAMPOCO ES UNA CONDENA

Y hay un antecedente que vuelve todavía más obsceno cualquier festejo prematuro: Axel ya había sido detenido el 7 de mayo de 2023. El 18 de enero de 2024, una autoridad judicial determinó que continuara su proceso en libertad.

La seguridad no puede reducirse a volver a capturar a alguien y volver a cobrarle a la población el precio de la operación. Mucho menos cuando el precio incluye vidas que ninguna resolución judicial podrá devolver.

LOS DAÑOS TAMPOCO SON UTILERÍA

Un vehículo incendiado puede ser el patrimonio de una familia. Un negocio cerrado puede representar el ingreso que faltará para pagar comida, renta o medicinas. Una carretera bloqueada puede separar a una persona de la atención médica que necesita.

Eso también debe contarse. No para ponerle precio a los muertos, sino para dejar de tratar a los vivos como si su patrimonio y su tranquilidad fueran insumos gratuitos de la estrategia.

¿Quién reparará esos daños? ¿Quién atenderá a las víctimas? ¿Quién explicará qué pudo evitarse? La rendición de cuentas no termina cuando retiran el último vehículo quemado.

NO SE PIDE IMPUNIDAD: SE RECHAZA UNA VICTORIA COBRADA A LOS INOCENTES

Axel debe responder ante la justicia por los delitos que se le acrediten. Los responsables de los bloqueos y las agresiones también. Y cualquier agente que haya empleado ilícitamente la fuerza debe ser investigado y, si corresponde, sancionado: el uniforme no cancela las responsabilidades que establece la ley.

Reprochar una estrategia de altísimo costo no es defender al cártel. Es defender a quienes no pertenecen a ninguno de los bandos y, aun así, terminan pagando la confrontación.

Ni Axel, ni su apellido, ni su supuesto lugar en el organigrama criminal justifican tratar seis vidas como un saldo tolerable. Menos todavía cuando el Estado ya lo había tenido bajo custodia y una captura anterior no se tradujo en su permanencia en prisión.

Que nadie pretenda resolver este desastre ascendiendo al detenido en el boletín. Pueden llamarlo “segundo al mando”, “objetivo prioritario” o envolverlo en toda la solemnidad disponible: ninguna categoría vuelve pequeña la muerte de una niña,5 muertes mas y 75 millones de pesos en destrozos.

Un gobierno no demuestra que recuperó el control únicamente porque logró llevarse a un hombre. Tiene que explicar por qué fue liberado en 2024 y por qué, para volver a detenerlo, dejó abandonada a toda una ciudad.

Y frente a seis familias en duelo, la fotografía del arresto no es una respuesta. Es apenas el principio de las explicaciones que faltan.

Con información: Redes/medios

Tu comentario es valioso:

«TODAS LAS PUBLICACIONES: