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«¿POR QUÉ es TAN MISERABLE el PINCHE GOBIERNO?: DESDE CUALQUIER ÁNGULO del DESASTRE, el DEJAR los FIERROS ATRAVESADOS en CARRETERA FUE ASESINO»… estrategia confunde magnesia con gimnasia.

El gobierno se llevó al detenido. Los criminales dejaron vehículos incendiados. Y los ciudadanos se quedaron sorteando las trampas de una carretera que nadie terminó de asegurar. Así de jodida resulta una estrategia cuando la captura ocupa el centro del discurso y la protección de la gente queda para después, si alcanza el tiempo. El…

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El gobierno se llevó al detenido. Los criminales dejaron vehículos incendiados. Y los ciudadanos se quedaron sorteando las trampas de una carretera que nadie terminó de asegurar. Así de jodida resulta una estrategia cuando la captura ocupa el centro del discurso y la protección de la gente queda para después, si alcanza el tiempo.

El periodista Julio Alberto Rubio, de la revista Vertical de Matamoros, puso el dedo en una herida que no se cierra con boletines: ¿quién se hizo cargo de los vehículos quemados que quedaron atravesados después del operativo? Porque una cosa es presumir coordinación y otra, bastante más importante, impedir que una familia termine estrellada contra sus pendientes.

Según el relato del periodista, la familia González viajaba de Monterrey hacia Matamoros por la carretera a Reynosa. En el automóvil iban Priscila González; su padre, Miguel González; su madre, Graciela López; su tía, Marisol López, y el pequeño Liam, de tres años.

Priscila mantenía comunicación con su pareja, Irving Lara, y le contaba lo que encontraban en el camino: vehículos incendiados, obstáculos y una carretera convertida en recorrido de supervivencia. A la altura del ejido Soliseño, de acuerdo con esa narración, el automóvil se impactó contra los restos de un autobús quemado. Los cuatro adultos murieron; el niño sobrevivió y, al momento del reporte, se encontraba grave.

No eran una estadística ni una nota al pie del operativo. Eran personas que iban hacia su destino y terminaron pagando una cuenta que no les correspondía.

LOS CRIMINALES PRENDIERON EL FUEGO; ¿QUIÉN DEJÓ EL PELIGRO?

Que no se revuelvan las responsabilidades: quienes quemaron vehículos y bloquearon las carreteras fueron los criminales. Pero eso no cancela la pregunta que Rubio dirige a las autoridades: una vez creado el peligro, ¿quién debía retirarlo, señalizarlo o impedir que siguieran entrando automovilistas a ese tramo?

La denuncia del periodista es concreta: los restos seguían ahí después del despliegue. Hierros retorcidos, ennegrecidos por el fuego y difíciles de distinguir de noche. No basta con llevarse a alguien bajo custodia si detrás queda una carretera donde los demás tienen que adivinar por dónde pasar para seguir vivos.

Rubio asegura que recorrió la zona y documentó los vehículos atravesados. Su señalamiento no se limita a que faltara una grúa: cuestiona la ausencia de una respuesta suficiente para proteger a quienes circulaban por ahí. Retirar los restos, restringir el paso, abanderar o advertir del peligro: ¿quién quedó encargado y qué hizo?

Porque el operativo no puede darse por terminado nada más porque el detenido ya va rumbo a su siguiente destino. Los ciudadanos también tienen derecho a llegar al suyo.

MUCHA COORDINACIÓN EN EL DISCURSO; LOS FIERROS, EN LA CARRETERA

En su intervención, Rubio cuestiona las declaraciones que atribuye a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la preparación de las fuerzas federales para desbloquear vialidades después de estos operativos. Frente a esa versión, sostiene que lo que encontró en el terreno fue otra cosa: estructuras quemadas que permanecían en la vía y autoridades municipales intentando resolver con los recursos disponibles.

Esa contradicción exige explicaciones, no otra cucharada de propaganda.

¿Había maquinaria disponible? ¿A qué hora se reportaron los obstáculos? ¿Qué autoridad recibió el aviso? ¿Quién revisó las condiciones de circulación? ¿Se cerró el tramo? ¿Se colocaron advertencias? ¿Cuánto tiempo permaneció el autobús en el sitio antes del choque?

Ahí se puede empezar a establecer una responsabilidad: con horarios, reportes, órdenes y actuaciones. No con el cómodo “estábamos coordinados” que sirve para adornar una conferencia, pero no explica por qué seguía un armatoste atravesado.

Rubio también señala una limitación que el discurso triunfalista suele barrer debajo de la alfombra: retirar un autobús calcinado o una caja de tráiler no equivale a subir un automóvil a una grúa. Según su denuncia, el municipio no contaba con el equipo adecuado para resolver por sí solo semejante desastre.

Si esa era la capacidad disponible, ¿por qué dejarle una emergencia de ese tamaño como si fuera un montón de ramas después de una llovizna?

LA FACTURA NO TERMINA EN LOS MILLONES

El contexto económico también retrata el tamaño del golpe.Un balance preliminar atribuido a la Canaco de Matamoros: entre 65 y 75 millones de pesos en afectaciones, integrados por entre 40 y 45 millones en daños a vehículos y unidades de empresas, más entre 25 y 30 millones por ventas perdidas. Es una estimación todavía abierta, no una cuenta definitiva ni una cifra acreditada de “más de 75 millones”.

Pero ninguna suma alcanza para explicar lo ocurrido con esta familia.

Un negocio puede volver a abrir. Un vehículo puede reemplazarse. Las cuatro personas cuya muerte relata Rubio no van a regresar porque una autoridad anuncie que ahora sí revisará los protocolos.

Por eso resulta tan insultante esconderlo todo detrás de la expresión “daños colaterales”: dos palabras muy cómodas para quien no tiene que reconocer a un familiar ni acompañar a un niño en el hospital.

EL ÉXITO NO SE MIDE SOLAMENTE POR EL DETENIDO

Nadie está pidiendo que las autoridades dejen de perseguir delincuentes. Se está exigiendo algo bastante menos espectacular y mucho más elemental: que no abandonen a la población frente a las consecuencias de la violencia.

La denuncia de Julio Alberto Rubio reclama investigar una posible negligencia: que un peligro conocido permaneciera en la carretera sin una intervención suficiente para evitar otra tragedia. Determinar qué ocurrió y a quién corresponde responder exige una investigación; presumir el operativo no sustituye esa obligación.

Porque si el gobierno quiere cobrar completo el aplauso por la captura, también tiene que explicar qué hizo para proteger a quienes quedaron atrás.

Matamoros no necesita que le presuman otra operación impecable desde un micrófono. Necesita saber por qué, después del despliegue, una familia encontró en su camino los restos de un autobús quemado.

Se llevaron al detenido. La pregunta es quién debía quedarse a cuidar a los vivos.

Con información: Julio Alberto Rubio/REVISTA VERTICAL/

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