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“BEBÉ ASESINADO en SINALOA EXHIBE DOS RESPONSABLES: 2 EJÉRCITOS de una MISMA FRANQUICIA y OTRO, en NÓMINA OFICIAL, INCAPAZ de CONTENERLOS”… en medio, la verborrea numérica de Harfuch.

Un bebé asesinado en Culiacán no es un “daño colateral”: es la radiografía más brutal de una guerra criminal que el Estado presume contener con uniformes, convoyes y comunicados, pero que sigue cobrando vidas como si Sinaloa fuera un territorio abandonado a dos ejércitos de una misma franquicia. Dos responsables, una tragedia Juan Alejandro tenía…

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Un bebé asesinado en Culiacán no es un “daño colateral”: es la radiografía más brutal de una guerra criminal que el Estado presume contener con uniformes, convoyes y comunicados, pero que sigue cobrando vidas como si Sinaloa fuera un territorio abandonado a dos ejércitos de una misma franquicia.

Dos responsables, una tragedia

Juan Alejandro tenía un año y cuatro meses. Fue asesinado durante un ataque en Prados del Sur, Culiacán, donde también murió un adulto y dos personas resultaron heridas —incluido el presunto agresor, quien falleció después—. Ese es el dato que debería perforar cualquier parte oficial redactado con la frialdad de una estadística: un bebé cayó bajo fuego en una ciudad donde la violencia ya se administra por cortes diarios.

El primer responsable es evidente: la maquinaria criminal de los bandos enfrentados, las facciones de una misma organización que convierten barrios, expendios, calles, motocicletas y vehículos familiares en tableros para cobrar venganzas. No son ejércitos con bandera ni causas políticas; son células de la misma banda disputándose rutas, control, dinero y reputación a fuerza de balas. Y cuando su “ajuste de cuentas” alcanza a un niño, queda claro que su guerra no tiene códigos: sólo gatilleros, objetivos borrosos y víctimas que jamás eligieron estar en el campo de tiro.

El segundo responsable tiene uniforme institucional, presupuesto público y una estrategia que se anuncia reforzada una y otra vez, pero no logra producir lo esencial: seguridad. Más de 16 mil militares desplegados y reforzados hasta el cansancio deberían significar capacidad de inteligencia, prevención, control territorial y reacción efectiva.

Sin embargo, el saldo diario revela otra cosa: presencia no es dominio; patrullaje no es protección; un convoy no sustituye una política capaz de impedir que un bebé sea alcanzado por la guerra.

El parte de guerra

El reporte del sábado parece un boletín de un frente formal: seis homicidios dolosos en un día; un bebé y un adulto asesinados en Prados del Sur; un hombre ejecutado en motocicleta en la Renato Vega; un ataque en un expendio de Las Estancias con un muerto y un herido; un hombre privado de la libertad en Aguaruto mientras sus hijos pequeños quedaron abandonados en una plazuela; otro baleado en Felipe Ángeles; y una muerte posterior en Mazatlán.

No es una guerra declarada, pero tiene el inventario de una:

  • Muertos diarios.
  • Heridos y ejecutores caídos.
  • Civiles atrapados en ataques.
  • Personas levantadas.
  • Niños abandonados tras una privación de la libertad.
  • Armas, cartuchos, persecuciones y detenciones.
  • Un conteo permanente de bajas, desaparecidos y vehículos robados.

La diferencia es que en una guerra convencional se identifica el frente, se nombran los bandos y se diseña una misión para proteger a la población. En Sinaloa, en cambio, el parte de guerra se publica como rutina periodística mientras el discurso oficial insiste en que la fuerza desplegada basta para contener lo incontendible.

Las cifras no permiten maquillaje

Desde el inicio de la disputa entre los grupos de Los Guzmán y Los Zambada, el recuento citado puntualmente por Noroeste suma 3,815 homicidios dolosos, 4,406 personas privadas de la libertad y 12,429 vehículos robados, entre el 9 de septiembre de 2024 y el 5 de septiembre de 2026. Eso equivale, en promedio, a 5.2 homicidios, 6.1 privaciones de la libertad y 17.1 robos de vehículos al día.

Son números de conflicto armado de baja intensidad, sólo que sin la honestidad política de llamarlo por su nombre. La autoridad contabiliza detenidos y armas aseguradas; la población cuenta ausentes, cadáveres, desplazamientos, negocios cerrados y niños expuestos.

Una parte presenta resultados operativos; la otra carga los costos humanos.

Que un día no se reporten nuevos robos de vehículo no convierte la jornada en una victoria cuando hubo seis homicidios y entre las víctimas está un niño de un año. La ausencia de una cifra no borra la presencia de una tragedia.

Culiacán no necesita otro comunicado que enumere patrullajes, refuerzos y detenciones como trofeos administrativos. Necesita una estrategia que deje de confundir ocupación con seguridad. Porque mientras dos alas de la misma organización criminal se cobran venganza, el Estado parece limitarse a levantar el parte de guerra y editarlo a la carta.

Y cuando el saldo incluye a Juan Alejandro, un bebé de un año y cuatro meses, ya no hay margen para hablar de “hechos aislados”, “incidentes” o “daños colaterales”: hay una derrota del deber más básico de cualquier gobierno, que es impedir que los niños sean víctimas de una guerra que nadie se atreve a detener y que las lenguas malas de la gente buena presumen fundadamente, esta «agarrando partido».

Con información: NOROESTE/

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