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“MORENISTA CONFIESA FRACASO ANTIEXTORSIÓN: HAY DOS SISTEMAS FISCALES, UNO SOSTIENE al ESTADO y OTRO COBRA CUOTAS para SOSTENER DELINCUENTES”… que en Tamaulipas abrazan a AMÉRICO.

Los dejaron ser, crecer, hacer y deshacer y ahí siguen: cobran, mandan y administran territorios como si fueran una oficina paralela del Estado. Cambiaron leyes, anunciaron estrategias, multiplicaron conferencias y pusieron al “estratega” Omar García Harfuch a combatirlos con declaraciones de alto impacto que todo indica no los impactan y basta con atender la tacita…

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Los dejaron ser, crecer, hacer y deshacer y ahí siguen: cobran, mandan y administran territorios como si fueran una oficina paralela del Estado. Cambiaron leyes, anunciaron estrategias, multiplicaron conferencias y pusieron al “estratega” Omar García Harfuch a combatirlos con declaraciones de alto impacto que todo indica no los impactan y basta con atender la tacita confesión publica de un diputado de Morena: la extorsión ya funciona como el impuesto criminal más eficiente del país.

Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, puso cifra al fracaso federal: durante 2024, las familias mexicanas desembolsaron 91 mil 800 millones de pesos para pagar protección, prevención o, directamente, para que delincuentes les permitieran seguir trabajando y viviendo.

No se trata de una cuota marginal ni de un delito aislado. Es una maquinaria nacional de saqueo que exprime a trabajadores, comerciantes, empresarios, transportistas, productores rurales y ciudadanos comunes, mientras el Gobierno presume combate al crimen desde el atril. El dinero que sale de los bolsillos mexicanos no llega a escuelas, hospitales, vivienda, infraestructura ni programas sociales: termina en las cajas registradoras del crimen organizado.

En Zacatecas, por ejemplo, productores de ganado deben entregar hasta 2 mil pesos por cada cabeza que venden. La extorsión también alcanza borregos y chivas. En términos prácticos, el crimen se queda con una de cada 10 cabezas de becerro. El campo ya no sólo produce alimentos: también financia, bajo amenaza, a quienes lo tienen sometido.

Y mientras Sheinbaum y García Harfuch insisten en vender una estrategia de seguridad que supuestamente avanza, desde Morena en la Camara de Diputados admiten que la extorsión golpea la economía, frena la inversión, encarece la construcción, castiga la obra pública, asfixia al sector rural y erosiona las finanzas del propio Estado. El daño, reconoció Ramírez Cuéllar, puede alcanzar hasta 1 por ciento del PIB nacional.

La confesión es todavía más grave porque no proviene de la oposición. Sale de un legislador del mismo partido en el poder, que admite que el delito sigue creciendo protegido por redes de impunidad en los tres niveles de Gobierno. Es decir: no sólo hay criminales cobrando piso; hay autoridades que, por acción, omisión, complicidad o cobardía, les permiten operar como cobradores oficiales de una nación capturada.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estimó 5.7 millones de eventos de extorsión en el país durante el año pasado. Pero el dato que desnuda la dimensión del abandono institucional es otro: 97 por ciento de los casos no se denuncia. No porque las víctimas no sepan que están siendo despojadas, sino porque saben que denunciar puede significar exponerse todavía más, mientras la protección oficial suele llegar tarde, si es que llega.

México tiene hoy dos sistemas fiscales: el legal, que cobra impuestos para sostener al Estado, y el criminal, que cobra cuotas para sostener a delincuentes. La diferencia es que al segundo nadie lo fiscaliza, nadie lo frena y nadie le exige resultados. Y, por ahora, parece ser mucho más eficiente que el Gobierno de Claudia Sheinbaum y la estrategia de García Harfuch.

Con información: ELNORTE/

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