En Tamaulipas, la justicia en manos de Tania Gisela Contreras, fichada por narcopoliticos ,parece tener dos escritorios: en uno revisa expedientes; en el otro calcula a quién le revienta la resolución. Esta vez, ambos quedaron peligrosamente cerca. Según Noticiero de Victoria, ayer 28 de octubre por la noche, se ordenó la libertad inmediata de Jorge Fernández González, esposo de la española María del Pilar Garrido Santamans, tras considerar injusta la condena de 47 años que le habían impuesto por su feminicidio.

Una resolución puede corregir una injusticia y, al mismo tiempo, convertirse en un garrotazo político. Una cosa no cancela la otra.

El desenlace tenía aviso, aunque no venía con certificado de libertad anticipado.

El 18 de octubre, en Valor Tamaulipeco señalamos que la sentencia hacía agua: un tribunal colegiado había ordenado dejarla insubsistente y emitir otra resolución. Entonces correspondía distinguir: aquel amparo no lo absolvía ni ordenaba excarcelarlo.

Diez días después, la nueva información reporta precisamente la orden de liberación. No era todavía un desenlace anunciado por los jueces, pero sí una condena cuyo deterioro ya estaba advertido públicamente.

El abogado gana el caso; el poder encuentra el encuadre

Detrás de la defensa aparece el ex-ministerio publico Martín Lozano Méndez, identificado por Noticiero de Victoria como el abogado que llevó el caso desde la detención y que en su momento padeció también el acecho de la justicia de Cabeza de Vaca.

Pero su nombre tiene otra lectura: de acuerdo con la información que ya hemos publicado, el abogado —que habría sido recomendado a Americo Villarreal Anaya por el ahora diputado federal Carlos Canturosas que llamó «rufián,delincuente,vil y despreciable» a Cabeza de Vaca, tras ser acusado en la trama de un asesinato— también litigó en defensa del gobernador y sus hijos, tras las acusaciones formales que Cabeza de Vaca presentó en su contra durante la campaña de 2022.

Así, la resolución favorable no solamente beneficia a su defendido: también deja bien colocado, en el escaparate público, a un abogado relacionado profesionalmente con el actual gobernador y su familia.

Aqui hay que aclararlo, porque no sería justo cambiar una sospecha por una sentencia, justamente el vicio que se cuestiona. Pero tampoco obliga a hacerse el distraído: el abogado obtiene una victoria judicial y el oficialismo encuentra un resultado aprovechable contra sus adversarios.

Porque del otro lado está el costo. El encarcelamiento y la condena se originaron durante el gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Si, como informa la nueva nota, la resolución reconoce que Fernández González fue condenado injustamente, el expediente deja de ser solamente una derrota de la acusación: se convierte en una pregunta incómoda sobre la procuración e impartición de justicia de aquel periodo entonces a cargo de Irving Barrios Mojica ,el pequeño García Luna de Cabeza de Vaca y Horacio Ortiz Renan,ligado a Osiel Cardenas en 2006.

Para el gobierno actual, que tambien tiene encerrados a sus propios inocentes,el resultado tiene una comodidad política evidente: el golpe apunta hacia la administración adversaria y el defensor aparece vinculado profesionalmente con Américo.

Que no cambien nueve años por una conferencia de prensa

La discusión de fondo no debería agotarse en quién presume la libertad ni en quién se traga el desprestigio.

La información publicada describe años de prisión, una condena de 47 años y cuestionamientos a la utilización de declaraciones del acusado dentro del juicio. Si hubo actuaciones ilegales o fabricación de pruebas, lo exigible sería investigarlas y, cuando existan elementos, determinar responsabilidades.

Y tampoco debería desaparecer Pilar Garrido detrás de la pelea entre gobiernos. La liberación reportada de su esposo no explica quién la asesinó, ahora responsabilidad de investigarlo del fiscal de Americo Villareral, Jesus Eduardo Govea,que arrastra sus propios escándalos, mientras acumula ejecuciones sin resolver.

El expediente puede producir vencedores políticos mientras sigue pendiente la respuesta esencial para la víctima y su familia. Convertir ese vacío en propaganda sería otra manera de usar el crimen sin resolverlo.

La justicia no tendría que escoger entre conservar una condena defectuosa para proteger a Cabeza de Vaca o corregirla para que se luzcan los cercanos a Américo. Tendría que demostrar, con una resolución pública y fundada, por qué correspondía liberar; y, si hubo abusos, establecer quién debe responder por ellos.

Porque una libertad puede ser jurídicamente correcta y políticamente rentable. Lo que no debe aceptarse es que el poder cobre los aplausos y deje sin investigar la cuenta.

Con información: NOTICIERO DE VICTORIA/

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